DECLARACIÓN DE LA REGENCIA NACIONAL
CARLISTA DE ESTELLA
ANTE LA DESIGNACIÓN DE
SUCESOR DEL RÉGIMEN IMPERANTE
En la llamada Ley Orgánica del Estado se ha basado
recientemente D. Francisco Franco para designar como sucesor suyo a D. Juan
Carlos de Borbón, con la pretensión de que éste sea, en su día, rey de España.
Esta Regencia, en 1º de diciembre de 1966, hubo de
constatar y declarar la ilegitimidad y
la injusticia, la antitradicionalidad y la nulidad de aquella supuesta Ley
que entonces se sometía a referéndum.
Proseguía así la Regencia en el cumplimiento de su misión de
defensa y propugnación de la verdad y de la legitimidad españolas, de la
vigencia soberana del 18 de Julio y de la España de siempre.
Al igual que hoy, por las propias razones, debe constatar
que los actos dimanantes de una Ley
ilegítima y nula son necesariamente también ilegítimos, inválidos e injustos,
como lo son los actos de futura sucesión que tuvieron lugar en Madrid los días
22 y 23 de julio último.
Su ilegitimidad resulta, además de los siguientes
hechos:
1º. LA ILEGITIMIDAD DEL RÉGIMEN. Se origina dicha ilegitimidad
el 30 de septiembre de 1936 por la imposición
unilateral de una dictadura en contra de los Pactos del Alzamiento. Se
agrava después, el 19 de abril de 1937, por
la implantación de la tiranía totalitaria, opuesta al Derecho Natural, a la
misma esencia de nuestra Patria y a la voluntad de las fuerzas que alumbraron y
mantenían con su sangre la
Cruzada. Y culmina su ilegitimidad con una sucesión de
acciones y omisiones públicas, escalonadas en más de treinta años, tendentes a
la total desvirtuación del espíritu religioso y patriótico del
Alzamiento-Cruzada de 1936. Para así invertir su resultado y lograr, al final
del maquiavélico proceso, el restablecimiento y el predominio de la Revolución que
había sido decretada en los campos de batalla. Entre esas etapas están la
rotura de la Unidad
Católica, el “contraste de pareceres”, el falso sindicalismo,
el centralismo opresor de la personalidad de las Regiones, etc., y ahora el anuncio de una pseudo-monarquía con un rey de mera figura,
que significan la progresiva y próxima vuelta a una situación análoga a la de
vísperas de la II
República.
2º. LA ILEGITIMIDAD DE SUS CORTES. Las Cortes actuales no
son, en manera alguna, representativas del pueblo español. En realidad sólo
representan, y obedecen, al propio Régimen imperante, por cuanto sus miembros
no son Procuradores de la
Nación, sino servidores de la dictadura. En su abrumadora
mayoría, los Procuradores o son funcionarios públicos o detentan cargos
designados gubernativamente. Y sin excepción alguna deben todos su candidatura
al control y favor del Régimen. En consecuencia, aparte de su ilegitimidad, los
actos del 22 y 23 de julio de 1969 no son actos de Cortes, sino actos dictatoriales,
que de ningún modo expresan la voluntad nacional.
3º. LA ILEGITIMIDAD DEL PRÍNCIPE IMPUESTO COMO PRETENDIDO REY, EN
SU DÍA. Por más que se diga que los actos de 22 y 23 de julio último son de
instauración, en realidad son de restauración de la rama Alfonsina
revolucionaria y usurpadora. Tal restauración está implícitamente reconocida
por el “instaurador” y por el “instaurado” al repetir ambos que en éste
confluyen las dos ramas dinásticas, alusión fuera de lugar si de veras
pretendiera una instauración.
Esta ilegitimidad de don Juan Carlos de Borbón, que
concurre con las demás ilegitimidades de su impuesta designación, está
declarada en las disposiciones de los Reyes legítimos de España, con autoridad
indudable para decretarla.
Omitiendo, por brevedad, más disposiciones reales al
respecto, recordaremos sólo lo decretado el 10 de marzo de 1936, por S.M.C. don
Alfonso Carlos I, precisamente el Rey con quien pactaron los militares el
Alzamiento y sus condiciones: «Según las
antiguas Leyes españolas, la rama de
don Francisco de Paula perdió todo su derecho de sucesión por rebeldía contra
sus Reyes legítimos, y lo perdió doblemente don Alfonso –llamado XII– para él y
para toda su descendencia por haberse batido al frente de su ejército liberal
contra su Rey Carlos VII, y así lo perdieron los Príncipes que reconocieron la
rama usurpadora».
La dinastía ilegítima de don Juan Carlos, por otra
parte, advino siempre al Poder no por hechos de arraigo popular, sino por
maniobras revolucionarias fraguadas desde el mismo poder, como en los casos de
los llamados Isabel II y Alfonso XII.
No es de extrañar, pues, que don Juan Carlos, fiel a
la índole de su rama dinástica, acepte la sucesión que le da el propio Poder
revolucionario y se muestre indiferente a que ni antes ni después de su
impuesta designación se haya producido una sola manifestación popular de
adhesión.
La dinastía ilegítima de don Juan Carlos, por su
propia naturaleza usurpadora y revolucionaria, llevó a España a la disolución y
a la ruina –como reconoció el propio Franco en su contradictorio discurso
“justificativo” de la designación–, degradando a nuestra Patria, desde su ser
de brazo de la Cristiandad
en el mundo, hasta convertirla en esclava de la Revolución satánica y
antiespañola y en palenque de sus intereses y sus luchas intestinas.
Así, la rama usurpadora de don Juan Carlos es la
dinastía de los tristes destinos que convirtió a España de potencia
internacional en impotencia nacional. Tal dinastía, también por su propia
naturaleza, es incapaz de lograr que nuestra Patria se recobre a sí misma. En
esta rama dinástica, servil instrumento de la Revolución, sea
cualquiera la forma en que se presente, sus
pretendidas catolicidad, españolidad y tradicionalidad, son máscaras que la
misma Revolución impone para engaño de incautos y consiguiente mejor logro de
sus fines.
Por su ilegitimidad y por su injusticia intrínseca,
el hecho revolucionario y dictatorial de la imposición de sucesor de 22 de
julio y el hecho revolucionario y servir de la aceptación de 23 de julio,
agravan considerablemente el problema de vida o muerte, ya tres veces
solapadamente impuesto a los españoles desde 1833 por la dinastía isabelina al
servicio de la Revolución
extranjera, de la anti-España.
El problema que se plantea a los españoles es el ser
leales a la Patria
auténtica, católica –pero oscurecida y en apariencia inerme–, o el
traicionarla, sirviendo a la anti-Patria, a la Revolución mundial
antiespañola y satánica –pero prepotente, arrolladora y rebosante de promesas y
dádivas–.
Pero todo esto ocurre porque, a pesar de cualquier
apariencia contraria, la dictadura
imperante ha sido revolucionaria desde su nacimiento.
Y, en consecuencia, enemiga natural y radical del
espíritu y carácter del 18 de julio de 1936, tan español y tradicional como
antirrevolucionario.
Por ello, por radicalmente revolucionario, aunque a
su modo retorcido, ecléctico e inconfesado, el Régimen ha estado siempre al servicio de la Revolución, desde su
primera cerrazón totalitaria hasta sus últimas aperturas “democráticas”.
Por ello, por revolucionaria, maquiavélica y
materialista, la situación gobernante implanta en su día la Revolución
nacional-sindicalista con su Partido único, a la vez que patrocina grupos de
presión liberal-capitalistas, hijos también de la Revolución,
y se beneficia ampliamente de ellos y de su sistema.
Y por ello, para ser revolucionaria hasta después de
muerta, la tiranía que esclaviza a España impone hoy a D. Juan Carlos de Borbón
como futuro rey del Movimiento, previo juramento de sus principios. Aunque, con
el doble propósito de continuar el engaño de incautos y ampararse en el
prestigio de lo tradicional, la dictadura elogie a la Tradición y adopte
nombres suyos.
La Tradición no vive del elogio, sino de la virtualidad de su ser propio. No es la Tradición cuestión de
nombres, sino de contenido y espíritu.
La Monarquía tradicional española es una Institución con características
peculiares, que nada tuvieron de común con el absolutismo y el liberalismo de
ayer, y nada tienen hoy de común con la forma “monárquica” elaborada por el
Régimen, ni con el democratismo, falsamente monárquico, en boga en países
extranjeros.
La Monarquía, en el conjunto de la
Causa carlista, es una fecunda y gloriosa bandera, a la que
sigue todo un ejército de instituciones propias, de libertades concretas, de
concepciones autóctonas, de modos de pensar, de ser y de vivir, que España está
ansiando intuitivamente en medio de sus angustias, inquietudes o
inconformismos. Porque únicamente en ellas está la salud de una sociedad
gravísimamente enferma por el virus de la Revolución que fracasa en todo el mundo y en
todas sus vertientes, desde la liberal y democrática a la socialista y
comunista.
El Régimen imperante, por revolucionario, repugna y
rechaza lo real y efectivo de la
Tradición, su contenido y espíritu, para limitarse a unas
proclamaciones nominales que no son más que apariencias con las que necesita
encubrirse, ante la traicionada España del 18 de Julio, para consumar su obra
revolucionaria.
Consumación que pretende realizar con la tiránica
imposición de D. Juan Carlos. Con lo cual la frase dictatorial de que el
Movimiento se sucede a sí mismo, descubre su verdadera pretensión: la
Revolución se
sucede a sí misma.
En consecuencia, la Regencia Nacional,
considerando cuanto se ha dicho y con la autoridad que le confiere el ser
depositaria de la
Legitimidad tradicional y abanderada auténtica del Carlismo
–único representante de la verdad de España y del sano pueblo español– declara
pública y solemnemente la absoluta ilegitimidad y la total nulidad de los actos
de Madrid de 22 y 23 de julio de 1969.
Y exhorta a todos los españoles –y muy en particular
a los más directamente vinculados al 18 de Julio de 1936– para que no sólo de
modo pasivo, con frialdad y despego, sino positiva y decididamente, tengan
también dichos actos por ilegítimos o inválidos.
Con conciencia firme de que en el artificio y la
mentira está la esclavitud y en la verdad está la libertad, según la sentencia
evangélica.
Y de que en la liberación de todo engaño está el
primer paso seguro para sanar a la
Patria y encauzarla hacia su futuro definitivo.
En el nombre de Dios y con Su ayuda esperamos dar
los pasos consiguientes.
¡Viva Cristo Rey! ¡Viva España! ¡Viva el Rey
legítimo!
LA REGENCIA NACIONAL
DE ESTELLA
En España, a 26 de octubre de 1969,
Festividad
de Cristo Rey.
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2ª EDICIÓN – xi.1969 – La primera edición fue
intervenida gubernativamente.
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